En mi Opinión La Suprema Corte de Justicia

Por: Ricardo Rocha

En esta ocasión quiero abordar un tema de interés para el sector educativo y la población en general, y es que el 15 de abril de 2014, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, interpuso las primeras controversias constitucionales en contra de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas y Oaxaca, por incumplir el mandato de acoplar sus leyes locales con las de la Constitución.

El pasado 22 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el presidente de la República sí está legitimado para impugnar legislaciones educativas estatales que invaden atribuciones de la federación y que no están armonizadas con la Ley General de Educación.

El recurso promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra del congreso de Zacatecas alega que los legisladores de esa entidad invadieron la esfera de competencias del Congreso de la Unión, al regular cuestiones relacionadas con el Servicio Profesional Docente.

Durante el debate de este lunes, los ministros discutieron sobre la facultad del Presidente para interponer una controversia constitucional contra Congresos estatales, a nombre de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE).

Para la mayoría de los ministros, el presidente de la República sí está facultado para promover la controversia pues no busca defender la competencia del INEE, sino de la Federación y del Congreso de la Unión. "En mi opinión, ¿tiene legitimación el Presidente de la República para esto? sí, porque está defendiendo la competencia para legislar en materia federal", argumentó la ministra Luna Ramos.

Según el ministro Alberto Pérez Dayán, el permitir que la Presidencia asuma la defensa de este tipo de organismos atentaría contra la autonomía que la Constitución les otorga, y generaría un vínculo de dependencia con el Ejecutivo.

"Tendríamos que dar una explicación de por qué este tipo de autonomía cede para considerar que es el Ejecutivo, quien asume la defensa de los intereses constitucionales de este tipo de organismos", sostuvo.

La Suprema corte discutirá y resolverá si los congresos locales pueden reconocer derechos adquiridos y beneficios laborales de los trabajadores de la educación, que provengan de acuerdos alcanzados por la autoridad educativa estatal a través de las organizaciones sindicales.

También discutirán si los artículos impugnados modifican los términos de la readscripción de docentes dentro del servicio público al permitir que las personas que no aprueben la tercera evaluación, sean asignadas a funciones educativas.